El Ministerio de Medio Ambiente presentó una evaluación que estima en US$1,792 millones anuales el aporte de los ecosistemas marinos y costeros de República Dominicana, pero el mismo diagnóstico advierte un deterioro acelerado que compromete ese valor económico y ambiental.
De acuerdo con la información difundida, el país enfrenta pérdida de manglares, daños en arrecifes y erosión en cerca del 70% de las playas. El contraste entre el peso económico de estos ecosistemas y su deterioro obliga a mirar no solo el dato de impacto, sino también la capacidad del Estado para protegerlos y revertir la tendencia.
La cifra presentada por la institución no resuelve por sí sola el problema de fondo: cuánto cuesta conservar esos ecosistemas, qué acciones concretas se están ejecutando, con qué seguimiento y qué resultados verificables están produciendo. En anuncios de esta naturaleza, la rendición de cuentas es tan importante como el diagnóstico.
El informe coloca sobre la mesa un asunto de interés público directo, porque las costas y manglares sostienen actividades económicas, biodiversidad y protección natural frente a la erosión y otros efectos del deterioro ambiental. Si ese capital natural se pierde, el costo no sería solo ecológico, sino también social y económico.
El dato de US$1,792 millones anuales, por tanto, debe leerse como una alerta sobre el valor que está en riesgo y sobre la urgencia de políticas de conservación con metas medibles, presupuesto claro y fiscalización pública. Sin seguimiento transparente, la advertencia puede quedar reducida a una cifra llamativa sin impacto real en la protección de las costas dominicanas.