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Conape exhibe avances y cifras de cobertura mientras persiste la presión por medir resultados reales en adultos mayores

octubre 2, 2026 · Redactor
Conape exhibe avances y cifras de cobertura mientras persiste la presión por medir resultados reales en adultos mayores
Foto: elnuevodiario.com.do

El informe oficial presenta beneficiarios, programas y cambios normativos, pero vuelve a colocar el foco en la necesidad de fiscalizar si el alcance reportado se traduce en protección efectiva y sostenida.

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) aseguró que en República Dominicana se avanza en protección y asistencia a los adultos mayores, al presentar una relación de políticas, programas y servicios que, según su director ejecutivo, Demetrio Antonio Vicente Ureña, buscan mejorar el bienestar, la calidad de vida y la participación activa de esa población. La exposición oficial incluyó como uno de sus principales puntos el Decreto núm. 675-26, del 29 de septiembre de 2026, que fijó en cuatro años la vigencia uniforme de las licencias de conducir y eliminó la reducción del período de renovación basada exclusivamente en la edad de los conductores de 75 años o más.

Vicente Ureña sostuvo que esa medida fortalece la autonomía, la igualdad y el combate al edadismo. También presentó resultados de gestión: durante 2025, dijo, el Conape alcanzó a más de 224,000 personas adultas mayores en el área de salud y atendió a más de 46,000 mediante consultas, visitas domiciliarias, servicios de salud mental y asistencia farmacéutica. Añadió que en lo que va de 2026 la Tarjeta TEAMA ha beneficiado a 6,677 personas, un 11 % por encima de la meta anual, mientras que Familias de Cariño favoreció a 356 personas, un 9 % más de lo previsto. A eso sumó 89,280 horas de cuidado domiciliario y 7,953 personas que han recibido servicios de acogida, alojamiento, cuidado y atención integral en centros especializados.

Aunque el balance fue presentado como señal de avance institucional, el propio énfasis en metas, coberturas y decretos vuelve a poner sobre la mesa una exigencia de rendición de cuentas sobre el impacto real de esas acciones en la vida cotidiana de los adultos mayores. La gestión reporta volumen de atención y cambios administrativos, pero el debate público queda abierto sobre la capacidad del Estado para convertir esos anuncios en protección efectiva, sostenida y verificable para una población especialmente vulnerable.