La muerte de una adolescente bajo protección estatal en un centro residencial de Conani, en el municipio Guerra, derivó en la suspensión preventiva del personal encargado de seguridad y acompañamiento, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa los controles dentro del sistema de protección de menores.
La menor, identificada con las iniciales N. P. P., murió en la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026. De acuerdo con las indagatorias preliminares, otras tres adolescentes habrían estado involucradas en el hecho. Conani informó que la joven había ingresado al centro el día 15 del mismo mes y que, desde el primer momento, notificó lo ocurrido al Ministerio Público, que lleva la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.
La institución también anunció la intervención administrativa del centro, con el propósito de reforzar los procesos de atención, supervisión y protección. En su reporte, Conani señaló además que la adolescente recibía seguimiento especializado por condiciones de salud y por situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas, y que en ese hogar de paso conviven menores con perfiles de alta complejidad, entre ellas víctimas de abandono, abuso, maltrato, explotación sexual, trata, situación de calle y trastornos de comportamiento. Mientras las autoridades aseguran que ofrecerán más detalles conforme avance la investigación, el caso deja en primer plano las explicaciones pendientes sobre la capacidad real de resguardo en instalaciones destinadas precisamente a proteger a adolescentes en riesgo.