Una coalición de 23 fiscales generales, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó 13 cartas de comentarios contra propuestas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) impulsadas desde mayo de 2026 por la administración del presidente Donald Trump. El bloque cuestiona un giro regulatorio que busca revertir o eliminar 32 normas federales sobre seguridad de armas de fuego y advierte que el cambio debilitaría controles, investigaciones policiales y medidas contra el tráfico ilegal.
El frente legal sostiene que varias de las iniciativas exceden la autoridad de la agencia, entran en conflicto con leyes federales y decisiones de la Corte Suprema, e ignoran la intención del Congreso. También alega que las propuestas no cumplen con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo, fueron presentadas sin pruebas o explicaciones suficientes y sin la consulta requerida con los estados, lo que abre un flanco de fiscalización institucional sobre la forma en que se intenta desmontar regulaciones vigentes.
Según los fiscales generales, el contraste entre el discurso de seguridad y el efecto de las medidas es directo: facilitarían que armas peligrosas lleguen a personas que no deberían tener acceso a ellas, dificultarían el trabajo de las autoridades y harían a las comunidades menos seguras, mientras favorecerían los intereses de la industria armamentística. “Todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros en su comunidad”, afirmó James al cuestionar lo que describió como un intento de eliminar décadas de medidas de seguridad y protección pública.