El caso Jet Set volvió a colocar la fiscalización en el centro del debate luego de que el abogado de varias víctimas, Luis Custodio, afirmara que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat conocían las condiciones que presentaba la estructura antes de la tragedia. A su salida del tribunal, el jurista sostuvo que las evidencias ventiladas en el proceso muestran que “la dimensión de lo que ocurría ahí estaba más que clara en la mente de todos ellos”, un señalamiento que refuerza la demanda de rendición de cuentas ante un hecho de alto costo social.
Custodio cuestionó además las acciones que, según su interpretación, se realizaban en el establecimiento para atender o disimular las condiciones existentes. En ese contexto, citó expresiones atribuidas a los involucrados, entre ellas “vamos a dar una lavada de cara para el aniversario”, frase que, a su juicio, evidencia un contraste entre la imagen proyectada al público y la realidad de las condiciones internas. También insistió en que quienes administraban el Jet Set tenían una posición de garante frente a clientes que acudían al lugar bajo la expectativa de seguridad.
El abogado valoró positivamente el desarrollo de la audiencia y destacó que el tribunal permitiera la presentación de distintas evidencias. Con ello, el proceso se mantiene como una alerta institucional sobre la necesidad de vigilancia efectiva y de respuestas verificables cuando están en juego la seguridad de los ciudadanos. En un escenario donde la sociedad civil reclama controles reales y no solo discursos, el caso vuelve a subrayar que la protección de la vida exige supervisión y responsabilidades claras.