La nueva fase de la investigación por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) elevó este viernes la presión sobre la gestión del seguro público, al extender el expediente más allá de antiguos funcionarios e incluir a médicos y otros prestadores de servicios de salud. El Ministerio Público informó el arresto de 28 personas durante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, dentro de la Operación Cobra 2.0-A.
A diferencia de la primera etapa, que llevó ante los tribunales al exdirector de Senasa Santiago Hazim y a otros funcionarios y vinculados a la administración de la aseguradora, esta fase se concentra de forma expresa en profesionales de la salud. Según el órgano acusador, parte de la estructura investigada habría participado directamente en maniobras para sustraer recursos públicos, en un caso que vuelve a colocar bajo alerta institucional el manejo de fondos y controles en un servicio clave.
El Ministerio Público sostiene que el esquema utilizó sobornos, doble facturación, adulteración de estados financieros, cobros por servicios no prestados y uso de documentos falsos. También indicó que uno de los objetivos de los operativos es procesar a médicos presuntamente involucrados en una defraudación que, de acuerdo con la acusación, afectó tanto servicios destinados a sectores vulnerables como a profesionales que ejercen conforme a las normas, reforzando el contraste entre la función social del sistema y el alcance de las irregularidades investigadas.