Tras más de tres años de investigación, el proceso por presunta corrupción administrativa contra varios exfuncionarios dio un paso decisivo con una resolución que envía un mensaje doble al sistema de justicia: 35 de los 40 acusados irán a juicio de fondo, mientras cinco quedaron excluidos por insuficiencia probatoria en la etapa preliminar.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, estimó que hay elementos suficientes para que un tribunal determine la responsabilidad penal de la mayoría de los imputados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y otras personas físicas y jurídicas ligadas al expediente. A la vez, emitió autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de otros tres imputados, al entender que las pruebas aportadas no justificaban su envío a juicio.
La decisión, que ambas partes han presentado como una victoria parcial, también abre un frente de cuestionamiento sobre la solidez de una de las acusaciones más ambiciosas del Ministerio Público. Más allá de la disputa entre defensas y acusación, la apertura a juicio no supone una condena, pero sí coloca bajo mayor escrutinio un expediente de alto impacto público en el que la ciudadanía sigue a la espera de resultados concluyentes y de respuestas claras sobre el alcance real de las responsabilidades imputadas.