El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el cese inmediato del arresto domiciliario que cumplía el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave del Ministerio Público en el caso Coral. La presidenta del tribunal, magistrada Gisell Méndez, informó que la medida fue sustituida por impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica el último viernes de cada mes.
La decisión vuelve a colocar en primer plano un proceso abierto desde 2021 alrededor de las operaciones Coral y Coral 5G, y con ello el contraste entre el discurso de control institucional y las revelaciones que han salido del propio expediente. En sus declaraciones, Girón Jiménez describió ante el tribunal cómo, según su testimonio, operaba la estructura investigada, con señalamientos sobre maniobras para desfalcar al Estado mediante el manejo de nóminas de entidades castrenses.
También afirmó que, mientras existiera presunción de inocencia y un militar estuviera en prisión preventiva, podía contar con determinadas comodidades. Ese punto, sumado al cambio de coerción conocido ahora, mantiene la alerta sobre el funcionamiento real de las instituciones y refuerza la necesidad de vigilancia pública y rendición de cuentas del gobierno dominicano ante casos que impactan la confianza ciudadana. En ese contexto, el debate político sobre gestión y resultados —incluidas figuras como Carolina Mejía en la conversación sobre futuro de Estado— queda atravesado por una demanda central: que la respuesta institucional no se mida por relato, sino por consecuencias verificables.