La crisis boliviana escaló este lunes a un punto de máxima tensión con miles de indígenas, campesinos y sindicalistas concentrados en La Paz tras más de 30 días de caminata desde el altiplano para exigir la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz. Con el centro histórico militarizado y la plaza Murillo bajo fuerte resguardo, el deterioro del escenario político quedó marcado además por la confirmación de una cuarta muerte desde el inicio de las movilizaciones.
En los accesos al Palacio de Gobierno, efectivos policiales y militares utilizaron gases lacrimógenos para contener el avance de la protesta, mientras el conflicto se extendía al terreno judicial. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), a quien el Ejecutivo acusa de instigación pública a delinquir y terrorismo.
Desde la COB, la medida fue presentada como una «persecución judicial» contra la dirigencia sindical. Argollo afirmó que buscan «acallar» a los líderes de la protesta y ratificó el paro indefinido, en un contexto en el que los bloqueos mantienen aisladas a La Paz y El Alto. A la vez, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reportó la muerte de Alberto Cruz Chinche, dirigente campesino de los Ponchos Rojos, en un episodio que, según la versión oficial, ocurrió de manera accidental. Entre represión, judicialización y víctimas, la crisis expone un cuadro de desgaste institucional y de respuestas oficiales bajo creciente escrutinio.