El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) salió al paso del reclamo de US$5 millones presentado por el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral y lo atribuyó a una “campaña de presión mediática”, en una disputa que vuelve a poner bajo la lupa la gestión estatal de litigios de alto impacto. La entidad insiste en que la sentencia que reconoce una indemnización al consorcio no tiene carácter definitivo y que está recurrida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por lo que cuestionó cualquier intento de ejecución mediante embargos retentivos.
De acuerdo con el propio BCRD, el origen del conflicto está en una dación en pago realizada el 11 de agosto de 2004, cuando transfirió al consorcio una porción de 5,000 metros cuadrados dentro de los terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera, como parte del pago de deudas del Estado con contratistas de la ampliación de la Autopista Duarte. El banco asegura que cumplió con la entrega acordada y que el consorcio registró a su favor los derechos sobre el inmueble. También citó un informe técnico-catastral del 6 de marzo de 2026, levantado a solicitud de la institución, que establece que el consorcio figura como propietario de esa porción y que el terreno seguía disponible en esa fecha.
La controversia deja así un contraste abierto entre la versión oficial y un expediente que, más de dos décadas después de su origen, continúa generando reclamaciones económicas y disputas judiciales. El foco vuelve a colocarse sobre la fiscalización y la rendición de cuentas en la administración de obligaciones del Estado, por el impacto institucional y el costo que este tipo de procesos puede trasladar al interés público mientras el caso permanece en los tribunales.