En Alberta, una de las diez provincias de Canadá y también una de las más ricas del país, vuelve a tomar impulso el movimiento separatista en medio de críticas al gobierno central por el uso de las riquezas locales y por decisiones que, según sus impulsores, reducen los beneficios que recibe la provincia. La disputa gira sobre todo en torno al petróleo, el gas y el atractivo turístico de sus parques nacionales, en un escenario en el que sectores conservadores sostienen que Ottawa retiene una parte importante de esos recursos mientras Alberta recibe menos de lo que aporta.
Ese separatismo, que además incluye posiciones favorables a una anexión a Estados Unidos, aparece ahora con una organización mayor que en décadas anteriores. Entre sus argumentos están el desbalance fiscal, el exceso de control federal sobre el desarrollo energético, la falta de representación política del Oeste frente al peso de Ontario y Quebec, y la demanda de control total sobre los recursos naturales. Todo ello ha reforzado una narrativa de desgaste institucional y de distancia entre las decisiones del poder central y las prioridades locales.
Pese a que el respaldo popular se ubica entre el 20 % y el 30 % y hoy no bastaría para ganar un referéndum, su avance se lee como una advertencia sobre un malestar político que sigue sin resolverse. A ello se suma el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que forma parte del entorno internacional que alienta a un movimiento cuya influencia continúa en ascenso.