Las medidas económicas presentadas por el Gobierno han sido colocadas bajo el argumento de la responsabilidad fiscal y la coyuntura internacional, pero el propio planteamiento confirma que la administración ha tenido que entrar en un proceso de ajuste, con reducción y reorientación del gasto público. En ese contexto, el debate ya no se limita a la narrativa oficial, sino a la necesidad de fiscalizar cómo se llegó a este punto y cuál será el costo real para la población.
El Gobierno sostiene que la presión de los precios internacionales del petróleo, los costos logísticos y otras tensiones externas obligan a buscar equilibrios para evitar más inflación, menos inversión pública, deterioro de programas sociales y mayor vulnerabilidad de las familias. También afirma que las medidas no tocan el ITBIS, no afectan las compras por internet, no aumentan el IPI ni cargan el impuesto sobre la renta de las Mipymes, al tiempo que incluyen eliminación de anticipos para microempresas, facilidades tributarias para pequeños negocios, ampliación del Régimen Simplificado de Tributación y alivios para sectores productivos y familias.
Sin embargo, entre las disposiciones figura el aumento de la tasa del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, que pasa de 0.15% a 0.20%, un cambio que el oficialismo intenta presentar como menor al ejemplificar que en una operación de RD$100,000 la diferencia sería de RD$50. La discusión de fondo, no obstante, apunta a la distancia entre el discurso de sensibilidad social y la necesidad de que se explique con claridad por qué, en medio de un ajuste, se recurre a más cargas y recortes, y cómo se protegerá realmente a la clase media y a las familias.