La vigencia del nuevo Código Penal fue asumida por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) como una transformación institucional de gran alcance, pero también como un aviso sobre los desafíos que aún persisten para asegurar seguridad jurídica, institucionalidad y competencia leal. En el Encuentro Industrial: Nuevo Código Penal, “Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, la entidad exhortó al sector empresarial a alistarse frente a las nuevas obligaciones que trae la ley, en particular la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La actividad contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, además de representantes del sector industrial y empresarial. Allí, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que el nuevo Código Penal deja atrás una legislación concebida hace más de un siglo, aunque advirtió que ese cambio solo tendrá efectos reales si se aplica con normas claras, de forma previsible, proporcional y respetuosa del debido proceso. “La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, expresó.
Con ese planteamiento, el sector industrial desplaza la discusión más allá de la modernización legal: la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas abre un nuevo escenario de riesgo penal empresarial y pone el acento en la capacidad institucional para aplicar la norma sin arbitrariedad. Así, la implementación del Código queda sometida al escrutinio por su impacto sobre la confianza, la competitividad y la rendición de cuentas en el entorno económico.