La controversia en torno a la entrada en vigencia del Código Penal ha puesto en primer plano la responsabilidad directa del presidente Luis Abinader, quien debe decidir si promulga el texto dentro de los plazos establecidos o si respalda una extensión de la vacatio legis promovida desde sectores de la sociedad civil. A ese nivel, el debate deja de ser técnico y se convierte en una prueba de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder para cerrar una reforma presentada como necesaria.
Planteado así, posponer la promulgación equivaldría a ceder ante presiones que atrasan una reforma considerada clave para el Estado de derecho, la persecución y sanción del delito y el fortalecimiento de la carrera judicial para abogados, jueces y el Ministerio Público. El texto también destaca que el Congreso Nacional trabajó contra el reloj, con el periodo legislativo al vencimiento, para corregir artículos conflictivos que habían generado críticas de la opinión pública, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo para explicar cualquier nueva demora.
La controversia se da, además, en un escenario de una normativa vigente que data del siglo XIX y deja al descubierto el contraste entre el discurso oficial sobre seguridad jurídica y la necesidad de decisiones concretas. Si la administración Abinader sostiene que ha fortalecido la certeza jurídica durante sus seis años de ejercicio, la promulgación del renovado Código Penal pasa a ser una prueba institucional inmediata, observada de cerca por el Congreso y por una sociedad civil que también queda bajo escrutinio por su influencia en un proceso que sigue abierto.