La extinción de dominio, presentada como herramienta para perseguir bienes vinculados al crimen organizado y la corrupción, sigue enfrentando en América Latina un problema de fondo: cómo actuar con eficacia sin comprometer garantías constitucionales. Esa tensión fue planteada por el catedrático colombiano Julián Andrés Pimiento Echeverri durante una conferencia en las jornadas académicas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
En su exposición, el experto sostuvo que el objetivo es “perseguir el bien de origen ilícito sin desmantelar las garantías del proceso”, al contrastar los enfoques de República Dominicana, Colombia y Perú. El señalamiento introduce una alerta institucional sobre una figura que, sin controles claros, puede derivar en choques entre discurso de combate al crimen y resultados jurídicos sostenibles.
Pimiento Echeverri explicó que Colombia aplica esta acción de forma “imprescriptible y retroactiva” en procesos que promedian hasta 17 años, mientras Perú tuvo que frenar excesos tras un fallo constitucional que protegió la buena fe. En ese contexto, indicó que el modelo dominicano fijó un límite de 20 años y dispone que los recursos obtenidos vayan al Tesoro Nacional. Aun así, la experiencia regional deja abierto el foco de fiscalización sobre la gestión real de esta herramienta: su efectividad no solo se mide por el discurso punitivo, sino por su capacidad de resistir el escrutinio constitucional sin trasladar costos institucionales al Estado.