La muerte de Liangy Ramírez, de 11 años, tras caer del juego mecánico conocido como La Estrellita en Hato Mayor, reabrió el reclamo de rendición de cuentas sobre la respuesta institucional al caso. La familia reaccionó indignada ante la medida de coerción impuesta al propietario de la Ciudad Mecánica y también por la actitud de las autoridades, en medio de una tragedia que además coincidió con el sepelio de la bisabuela de la menor, Francisca Inés González.
Luís Ramírez, padre de la niña, pidió la intervención del presidente Luis Abinader, de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y de los jueces del más alto tribunal del país para que, según dijo, se “haga justicia” y no se repita un hecho similar. “Aquí hay ‘gato entre macuto’. ¿Cómo es posible que con todas las pruebas presentadas por los abogados, se coloque una garantía de 1 millón de pesos, que queda en cheles, mientras mi hija está en el cementerio, él viendo televisión en su casa?”, expresó.
El pasado viernes, el Tribunal de Atención Permanente del departamento judicial de Hato Mayor impuso al empresario Simón María Estévez Ramos una garantía económica de RD$1.0 millón, impedimento de salida y presentación periódica ante la Fiscalía, a pedido del fiscal a cargo. Para la familia, la decisión contrasta con las evidencias presentadas por la fiscalía y sus abogados, mientras persisten los cuestionamientos sobre si ayuntamiento, bomberos e inspectores actuaron como correspondía para evitar un desenlace que ahora expone, otra vez, las debilidades de control y supervisión que las autoridades están obligadas a explicar.