La expansión de la “sociedad del espectáculo” ya no se limita, según el texto, a moldear la opinión pública: también estaría penetrando la actuación del Estado y de la justicia. La pieza sostiene que funcionarios y procedimientos judiciales han asumido formas y lenguajes propios de los medios y de las redes, con una dinámica cada vez más pendiente de titulares, sondeos y memes que de la prudencia institucional.
En ese marco, el autor describe una cadena que vincula Ministerio Público, justicia, policía, prensa y redes sociales en procesos convertidos en espectáculo desde el anuncio mismo de las investigaciones. Señala bautizos de casos con nombres despectivos, filtraciones, audiencias expuestas al público y traslados de imputados arrestados y esposados de madrugada, en un contexto donde los acusados llegan al juicio bajo condena previa en los “juicios paralelos” de medios y redes. El texto incluso habla de desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional y de una práctica de “shaming” que humilla públicamente a los acusados.
La advertencia central es institucional: cuando la justicia busca legitimarse por consenso popular, se debilita la obligación de rendir cuentas con apego a garantías y no con impacto mediático. El contraste que plantea la pieza es directo: bajo la bandera de la “transparencia”, lo que avanzaría sería una justicia expuesta a la lógica del espectáculo, con costos sobre la imparcialidad, el respeto al acusado y la credibilidad del sistema.