La sentencia de 20 años de prisión dictada contra Jhon Geraldo Quintana, alias Tite, por el feminicidio de su expareja Brendaliz Castillo Padilla vuelve a poner el foco en la respuesta institucional ante hechos de violencia que terminan en tragedia. El crimen se produjo el 8 de noviembre de 2025 en Imbert, provincia Puerto Plata, cuando, de acuerdo con la investigación, el agresor entró a la vivienda y la atacó con un cuchillo mientras la víctima estaba junto a un sobrino de 13 años y dos hijos menores de edad.
En el proceso, el Ministerio Público había pedido 30 años de prisión por la muerte ocasionada por heridas de arma blanca. Además, sostuvo que Quintana también cometió tentativa de homicidio contra Ramón Bernardo Féliz Cruceta, alias Titi, a quien atacó posteriormente con un arma blanca. El expediente quedó respaldado con pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas en juicio.
La condena fue emitida por el Tribunal Colegiado presidido por la jueza Jakayra Veras y se fundamentó en los artículos 295 y 304 del antiguo Código Penal Dominicano, así como en los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Quintana deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata. Más allá del fallo, el caso deja un contraste difícil de soslayar: la decisión judicial llega después de un hecho consumado que golpeó a una familia dentro de su propia casa, un recordatorio de que la vigilancia ciudadana sobre la respuesta del sistema sigue siendo una prioridad.