El debate sobre la agenda marítima tomó fuerza en el país a partir de conversaciones entre instituciones públicas, especialistas, académicos y actores del sector, además de una presencia creciente en medios y redes sociales. Ese impulso, no obstante, también eleva la exigencia de supervisión sobre el Gobierno dominicano: ya no basta con anunciar iniciativas institucionales en un tema que incide en el desarrollo, el comercio y la biodiversidad.
En junio, el Poder Ejecutivo ordenó mediante el Decreto 353-26 la elaboración de la Estrategia Marítima de la República Dominicana, coordinada por la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR). A la vez, el país ratificó el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Acuerdo BBNJ o Tratado de Alta Mar, y participó en espacios regionales e internacionales relacionados con los océanos. Luego, en septiembre, el Gobierno convocó a instituciones competentes para avanzar en la estrategia, mientras el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con apoyo del PNUD, reunió un espacio interinstitucional orientado a preparar la implementación nacional del tratado.
La dimensión del asunto explica la presión por rendición de cuentas. De acuerdo con la ONE (2025), la superficie marina del país ronda los 430,000 kilómetros cuadrados, frente a unos 48,442 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, y más del 65 % de las exportaciones dominicanas se moviliza por vía marítima. Con ese peso territorial y económico, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser una prueba de gestión pública: sociedad civil, especialistas y sectores vinculados al mar quedan frente al desafío de fiscalizar si esta nueva secuencia de decisiones oficiales corrige rezagos o se suma a la lista de compromisos de alto perfil todavía pendientes de ejecución.