La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas ejecutaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas la extradición a Puerto Rico de Rineldys Feliciano Díaz Cuevas y Patricia Joanna Almonte Frías, dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia de esa jurisdicción por cargos de acoso cibernético y amenazas interestatales. El traslado se realizó con apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en cumplimiento de resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y de los decretos 609-26 y 611-26 del Poder Ejecutivo.
Según la información oficial, ambos fueron localizados y arrestados en Santo Domingo Este mediante labores de rastreo e investigación de equipos especializados de la Policía Nacional. Las autoridades indicaron que el Distrito Judicial de Puerto Rico los requiere por asociación delictuosa para cometer acoso cibernético y por emisión de amenazas interestatales, conductas tipificadas en el Código de los Estados Unidos.
La operación confirma la activación de los mecanismos de cooperación judicial, pero también deja abierto el ángulo de fiscalización sobre la capacidad institucional para responder desde el país a delitos que terminan bajo jurisdicción extranjera. Tras los arrestos, la DNCD los mantuvo bajo custodia hasta su entrega formal a oficiales estadounidenses, y ambos salieron en un vuelo comercial hacia Puerto Rico. En un contexto de vigilancia ciudadana sobre la gestión pública, el caso vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de resultados verificables y de seguimiento institucional más allá del anuncio oficial de la extradición.