El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados, al amparo de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, como parte de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre. La medida se presenta como una respuesta coordinada frente a la corrupción, el narcotráfico y las acciones que socavan la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio.
Bajo la Administración Trump, Washington dejó claro que los funcionarios extranjeros considerados corruptos ya no podrán ingresar libremente a territorio estadounidense. En ese marco, el Gobierno publicó una lista de funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a quienes les fue revocado el visado, una señal de presión internacional que vuelve a exponer el desgaste institucional en países donde los mecanismos internos de fiscalización no han evitado que la sanción llegue desde fuera.
Entre los nombres divulgados figuran, en Bolivia, Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del Departamento de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz; Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional; y Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental. La decisión refuerza la alerta sobre la necesidad de vigilancia institucional y de controles efectivos, un debate que también interpela a gobiernos, congresos y sociedad civil de la región cuando la promesa de transparencia no se traduce en resultados verificables.