Un estudio elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de CAPEL, y publicado por la Junta Central Electoral (JCE), plantea crear una Procuraduría Electoral con presupuesto independiente y fiscales de carrera que operen de forma permanente. La recomendación parte de un diagnóstico institucional delicado: la percepción de debilidad en la aplicación de consecuencias frente a los delitos electorales está incidiendo en la desafección de los ciudadanos con el proceso.
El documento ubica entre los problemas las percepciones sobre “prácticas de compra de cédulas y sobornos”, junto con un régimen de consecuencias débil que transmite al elector “una sensación de baja eficacia del sufragio”. En ese contexto, la propuesta de una estructura con mayor autonomía y permanencia reabre el debate sobre la capacidad real del sistema para perseguir irregularidades y ofrecer garantías antes, durante y después de las elecciones.
El estudio también recoge cuestionamientos sobre el momento en que actúa la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. En las entrevistas se señala que esa estructura se activa “muy tarde”, apenas semanas antes de los comicios, y se plantea investigar con mayor antelación para desmantelar redes ilícitas. Como parte de las medidas de fortalecimiento institucional, el informe propone además diálogos de sensibilización para que las organizaciones aporten pruebas fehacientes ante denuncias de irregularidades, en una señal de que la vigilancia y la rendición de cuentas siguen siendo tareas pendientes.