El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco prisiones de alta seguridad, una medida que lleva la crisis penitenciaria a un terreno excepcional e impone restricciones en un perímetro de hasta 200 metros alrededor de los recintos. La decisión del Ejecutivo de Keiko Fujimori alcanza los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
En ese espacio quedan suspendidos derechos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. A la vez, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, asumirá acciones para resguardar el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. El Gobierno afirma que la disposición apunta a reforzar la seguridad ciudadana, mantener el control policial de los centros y evitar posibles fugas, aunque la amplitud de la intervención deja en primer plano la magnitud del problema que se busca frenar.
De acuerdo con el propio Ejecutivo, se aplicará un control estricto de accesos, labores de inteligencia y operativos permanentes para decomisar teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas en poder de internos. El primer ministro, Luis Galarreta, respaldó la decisión y sostuvo que el Gobierno impulsa medidas contra la inseguridad desde distintos sectores, incluso mientras espera la aprobación de facultades para actuar con mayor fuerza, un planteamiento que refuerza la exigencia de seguimiento público sobre resultados concretos de una medida que ya afecta garantías en el entorno de las cárceles.