La condena a 30 años de prisión contra Yimi Francisco Acosta Mateo por el asesinato de su primo Pablo Geovani Toribio Acosta, ocurrido en 2022 en Santo Domingo Norte, reabre el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema ante hechos de violencia que golpean directamente a las familias. El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este acogió la solicitud del Ministerio Público y además ordenó el pago de RD$2 millones a los familiares de la víctima.
Según el expediente presentado en juicio, Acosta Mateo hirió con un arma blanca a su pariente para despojarlo de una cantidad indeterminada de dinero, una cartera y una cadena de oro. La investigación establece que ambos habían salido a buscar un vehículo en un car wash del sector de Haras Nacionales, luego de que la víctima estuviera en un colmado de Villa Jerusalén, donde residía. Más tarde, el acusado fue arrestado mediante orden judicial tras ser identificado como principal sospechoso.
Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo la acusación con pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales. La pena deberá cumplirse en el CCR Las Parras, en San Antonio de Guerra. Aunque la sentencia cierra la fase judicial del caso, el hecho vuelve a colocar en primer plano una demanda ciudadana persistente: que la respuesta institucional no se limite a castigar después del crimen, sino que ofrezca resultados frente a una violencia cuyo impacto social sigue acumulándose.