La Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación de Colombia firmaron un acuerdo para crear un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en materia penal, ajustado a la Convención de Palermo de la ONU y al ordenamiento jurídico de ambos países. El paso se presenta como parte de una estrategia para optimizar la cooperación jurídica internacional frente al crimen organizado, con foco en delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes.
El acuerdo fue rubricado por Yeni Berenice Reynoso y Luz Adriana Camargo Garzón. Durante el acto, Reynoso subrayó que la firma incluye un plan operativo y la definió como una herramienta para mantener una cooperación oportuna. También recordó que República Dominicana ya había establecido un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile, en una línea de trabajo que, según dijo, busca usar de forma eficiente los mecanismos previstos por la Convención de Palermo.
La propia procuradora insistió en que la trata de personas es un delito de “alta prioridad” para su gestión y advirtió que “lacera profundamente la dignidad de las personas”. Ese énfasis coloca ahora el foco sobre la capacidad institucional de traducir convenios y planes en resultados verificables, en un tema donde el contraste entre discurso y realidad tiene impacto directo sobre víctimas sometidas a formas de explotación que la funcionaria comparó con la esclavitud.