La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de forma temporal la entrada en vigor de parte del decreto firmado por Donald Trump el 31 de marzo para restringir el voto por correo, una decisión que reactiva la disputa sobre hasta dónde puede llegar el poder federal en la organización de las elecciones. Aunque el tribunal levantó la suspensión impuesta por una corte de distrito en Massachusetts, dejó claro que no ha resuelto el fondo del caso y advirtió que cualquier medida aplicada por el Gobierno no es necesariamente legal.
La orden exige elaborar listas de votantes habilitados y dispone que el Servicio Postal entregue las papeletas solo a quienes figuren en esos registros. Estados gobernados por demócratas demandaron a la administración con el argumento de que el control amplio de la organización electoral corresponde a los estados, no al gobierno federal. Los tres magistrados liberales del Supremo discreparon de la decisión.
El fallo, presentado como una victoria temporal para Trump, queda así bajo la sombra de nuevos litigios y de un contraste político mayor: el expresidente insiste, sin pruebas, en que el voto por correo es altamente vulnerable al fraude y vuelve a vincular ese argumento con su acusación falsa de que las elecciones de 2020 le fueron robadas por Joe Biden. En medio de la amenaza republicana de perder su estrecho control del Congreso, la controversia vuelve a colocar en primer plano la necesidad de vigilancia institucional frente a decisiones de poder que impactan derechos electorales.