Dos iniciativas presentadas como esenciales para la salud pública siguen a la espera de una decisión definitiva del Congreso: la Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) y la Ley de Alimentación y Nutrición Escolar. La demora mantiene abierto un frente de fiscalización sobre la capacidad institucional de responder a prioridades ciudadanas mientras el debate público se dispersa en otros temas.
Ambas propuestas buscan proteger a la población, en especial a la niñez y la adolescencia, frente a patrones de alimentación asociados a obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. También cuentan, según el texto, con respaldo de organismos internacionales, sociedades científicas, expertos en nutrición y organizaciones de consumidores, lo que acentúa el contraste entre el consenso técnico y la ausencia de una decisión legislativa.
En el caso del etiquetado frontal, la discusión toca de forma directa el derecho a la información de las familias, que hoy enfrentan advertencias nutricionales en letras pequeñas y formatos difíciles de interpretar. La ley de alimentación y nutrición escolar, por su parte, apunta a entornos escolares más saludables. En ambos casos, la espera en el Congreso deja sin respuesta una demanda de la sociedad civil y prolonga una oportunidad perdida para traducir en resultados concretos la protección de la salud y de la niñez.