La decisión del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional contra Claudia Pérez, conocida como la Tora, volvió a poner sobre la mesa la capacidad del sistema para hacer valer las citaciones y frenar la prolongación de conflictos judiciales sin una respuesta oportuna. El juez Deiby Timoteo Peguero le impuso una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación mensual ante el Ministerio Público, dentro del proceso abierto por la querella de la periodista Iluminada Muñoz por difamación e injuria.
Antes de esa medida, el mismo juez había dictado una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias del caso. Tras hacerse pública la disposición, Pérez se presentó de forma voluntaria en el tribunal. La secuencia dejó al descubierto la versión enfrentada sobre las notificaciones y la comparecencia: la abogada de Muñoz, Emery Colomby Rodríguez, afirmó que Pérez «nunca ha dado la cara» pese a citaciones reiteradas del Ministerio Público, mientras la imputada sostuvo que su ausencia se debió a que nunca recibió correctamente las notificaciones legales.
En la comparecencia, Pérez dijo además que mantiene un proceso judicial activo contra Muñoz y que el conflicto entre ambas no tiene dos años, sino seis en los tribunales. También señaló que ha sido objeto de burlas públicas y de imputaciones infundadas de conductas delictivas. Más allá del cruce de acusaciones, el caso vuelve a remarcar una alerta institucional: cuando disputas de esta naturaleza se prolongan por años y escalan hasta órdenes de captura y coerción, el resultado visible es un sistema forzado a reaccionar tarde ante controversias que exigen control, seguimiento y explicaciones claras.