La absolución de Nicolás Castillo Báez y Francis Alberto Fuentes por la muerte de Espeditin Díaz, de 67 años, volvió a colocar en primer plano la solidez de las investigaciones y la capacidad del sistema para sostener acusaciones graves hasta una condena. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa ordenó la libertad de ambos imputados por un hecho ocurrido en diciembre del año pasado en Rincón del Pino, donde también se denunció el robo de un celular, RD$10,000 y un foco.
Los jueces Jorvy Armando Sánchez Eusebio, Victor Gabriel Cuevas Cruz y David Antonio Santos Merán dictaron sentencia absolutoria después de que la defensa pública sostuviera que había insuficiencia de pruebas. De acuerdo con los magistrados, durante el juicio no se pudo probar el robo agravado, hubo contradicciones entre testigos y no se presentaron elementos suficientes. Aun así, la fiscalía, representada por Juan Ysidro Minyetty y José Altagracia Castillo, había pedido 20 años de prisión para los dos acusados, en una diferencia que deja abiertas exigencias de rendición de cuentas sobre cómo se construyó el expediente.
La reacción de los familiares de Espeditin Díaz reflejó el costo social del fallo. Anunciaron que apelarán la decisión y expresaron su indignación al sostener: «Estamos indignados porque ahí están las pruebas». Más allá del desenlace judicial de esta etapa, el caso activa una alerta institucional para la sociedad civil sobre la necesidad de vigilancia y explicaciones ante procesos que concluyen con absolución en medio de reclamos de justicia.