La Administración de Donald Trump profundizó este domingo la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa creado para amparar temporalmente a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres o condiciones extraordinarias. Según un análisis del Pew Research Center, las cancelaciones impulsadas por el Gobierno estadounidense alcanzan a 1.038.600 beneficiarios, aunque parte de esas medidas sigue sujeta a litigios o excepciones, en un contraste marcado entre el alcance político de la decisión y el costo humano que deja a su paso.
La nueva fase incluyó a nacionales de Camerún, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur, y se suma a un proceso que ya había dejado sin esa protección a cientos de miles de migrantes de Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. En el Caribe, el caso haitiano concentra el mayor impacto: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que la designación del TPS para Haití terminó el 27 de julio de 2026. Pew sitúa en 335.000 los beneficiarios afectados, aunque otras estimaciones elevan el universo a alrededor de 350.000 personas.
La cancelación del TPS para Haití avanzó después de una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema, que permitió al Gobierno de Trump seguir adelante tras meses de recursos y órdenes judiciales. La consecuencia inmediata es concreta: quienes estaban cubiertos por el programa pierden la protección migratoria que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos y trabajar, y su futuro queda atado a si disponen de otra base legal para quedarse. Medios estadounidenses ya han reportado efectos directos sobre trabajadores haitianos, en una señal de alerta institucional y social que vuelve indispensable la fiscalización pública sobre decisiones de alto impacto humano.