El cierre de funciones de un servidor público volvió a colocar sobre la mesa una falla persistente en los mecanismos de rendición de cuentas: cumplir con la declaración jurada de patrimonio sigue dependiendo de trámites dispersos, tiempos desiguales y criterios no unificados entre entidades bancarias. El texto detalla además el proceso de entrega de memorias, oficina y vehículo asignado, junto con la obligación de presentar la declaración jurada al dejar el cargo.
La pieza destaca que la Universidad Autónoma de Santo Domingo exige más que la propia Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, al amparo de su Estatuto Orgánico y su Reglamento sobre Control, Transparencia y Rendición de Cuentas. No obstante, esa mayor rigurosidad institucional choca con dificultades prácticas: mientras algunos bancos emiten certificaciones de inmediato, otros tardan hasta cinco días, una diferencia que termina recayendo sobre quien debe cumplir con un deber legal vinculado al manejo de fondos públicos.
A partir de esa experiencia, se propone que el Pleno de la Cámara de Cuentas coordine con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos para unificar el formato de las certificaciones requeridas. El planteamiento refuerza una alerta institucional: sin reglas operativas claras, la transparencia queda atada a la burocracia y no a un sistema ágil de fiscalización, una brecha que la sociedad civil suele leer como parte del contraste entre el discurso oficial y los resultados concretos en materia de control público.