La República Dominicana dispone desde 2022 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, presentada como una herramienta clave para planificar el desarrollo municipal y reducir vulnerabilidades ante desastres naturales y amenazas derivadas de la acción humana. Pero en Peravia, donde están Baní, Nizao y Matanzas, los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial todavía no están plenamente implementados, una señal de la distancia entre el diseño legal y los resultados concretos en el territorio.
Ese rezago coloca sobre las comunidades una carga que la institucionalidad local no ha resuelto. El propio debate planteado en el texto descarta que la ausencia de esos planes pueda servir de excusa para la inacción y empuja a las juntas de vecinos a asumir un papel central en la planificación territorial y la gestión comunitaria de riesgos, en un contexto que obliga a reforzar la fiscalización ciudadana sobre las prioridades públicas y el uso del presupuesto participativo municipal creado por la Ley 176-07.
Aunque las asambleas comunitarias siguen priorizando obras menores como aceras, contenes, centros comunales, funerarias, mejoramiento de viviendas, carpas para velatorios o actividades festivas, el señalamiento de fondo es otro: esas inversiones, aun siendo legítimas, resultan insuficientes ante los riesgos que enfrentan las comunidades. De ahí que la limpieza de cañadas, la reforestación de microcuencas, la señalización de rutas de evacuación y la formación de brigadas comunitarias aparezcan como tareas postergadas que exigen rendición de cuentas a los gobiernos locales y al gobierno dominicano sobre gestión, resultados y prioridades reales.