Cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos su presidente Luis Henry Molina, informaron que no seguirán en el tribunal ni se someterán al proceso de evaluación de desempeño ante el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por Luis Abinader. La decisión quedó consignada en cartas remitidas al mandatario, en su condición de presidente del CNM, por Molina, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y María Garabito Ramírez, en un movimiento que vuelve a poner bajo la lupa el manejo institucional del relevo en una de las principales instancias del sistema judicial.
Las comunicaciones incluyen un repaso de sus trayectorias en el Poder Judicial. En el caso de Molina, la misiva defiende una gestión que, según plantea, actuó con apego a la Constitución, respeto a la independencia judicial y resultados concretos. Añade que se enfrentó la mora judicial, que en la SCJ quedó atrás el retraso como problema estructural, que se pasó de expedientes pendientes desde 1982 a resolver el 90 % de los casos en un año o menos, y que el tiempo promedio de tramitación del recurso de casación bajó de 707 a 27 días.
La salida simultánea, antes de la evaluación, hace inevitable el contraste entre ese balance y la necesidad de control público sobre el proceso que ahora recae en el CNM y en el gobierno dominicano. Más que una despedida administrativa, el episodio instala una alerta institucional sobre cómo se procesará la renovación de la alta corte, qué explicaciones dará Luis Abinader y si el discurso de fortalecimiento institucional terminará convertido en decisiones sometidas a escrutinio real. En ese marco, la presión política se concentra en la capacidad del poder para rendir cuentas y no limitarse a exponer su propia versión de los resultados.