República Dominicana terminó la semana con dos golpes para su comercio exterior, luego de que Estados Unidos notificara medidas con efectos directos sobre sectores exportadores agrícolas e industriales. La de mayor alcance fue la aplicación de un arancel de 12.5%, sustentado en el argumento de que el país aparece entre las economías que no prohíben ni aplican de forma eficaz la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.
Esa decisión puso en aprietos al Gobierno dominicano y llevó al presidente Luis Abinader a emitir el Decreto 502-26, que establece un procedimiento administrativo para prevenir, detectar y restringir la importación de bienes elaborados total o parcialmente con trabajo forzoso. Aunque la disposición promete reforzar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales, su publicación después de la sanción abre un frente de fiscalización sobre la capacidad oficial para anticipar riesgos, evitar costos al aparato productivo y responder por un resultado que ya impacta al comercio exterior.
El anuncio fue dado a conocer el 23 de julio por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Su secretario, Jamieson Greer, afirmó que la medida se adoptó al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y sostuvo que Washington aplica con rigor su prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso. Con esa señal, el caso deja una advertencia institucional para el Gobierno dominicano: más allá del decreto, siguen pendientes explicaciones sobre por qué la corrección llegó después del castigo y cuál será el costo real para los sectores locales alcanzados por la decisión.