Keiko Fujimori comenzó su mandato de cinco años en Perú con una agenda puesta en seguridad, reforma carcelaria y un incremento de 15 % al salario mínimo, que sube de 1,130 a 1,300 soles. En su mensaje inicial también adelantó que solicitará al Parlamento facultades legislativas para hacer frente a la inseguridad, en una apertura que mezcla respuestas rápidas con nuevas exigencias de vigilancia sobre el ejercicio del poder.
La ceremonia de investidura, realizada en el Congreso durante el día nacional de Perú, supuso el regreso del fujimorismo al Gobierno casi veintiséis años después de la dimisión por fax de Alberto Fujimori desde Japón, tras destaparse un enorme escándalo de corrupción en su Administración. Antes del discurso, legisladores de izquierda abandonaron el hemiciclo al grito de “¡Justicia para las víctimas!” y mostraron fotografías de víctimas de la violencia estatal durante el gobierno del exmandatario, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, además de fallecidos en la represión a las protestas posteriores a la caída de Pedro Castillo.
Fujimori aseguró que recibe un país “marcado por el abandono” y “un Estado debilitado por la improvisación”, con una ineficiencia estatal estimada en 40,000 millones de soles al año. También prometió ajustarse a un mandato de cinco años, “ni un año más”, ante el temor de sus adversarios a una eventual perpetuación.
La distancia entre ese diagnóstico y la petición de más poderes al Congreso deja desde el primer día un frente de fiscalización política sobre seguridad, derechos y capacidad real de gestión.