República Dominicana aprobó entre 2019 y 2026 al menos 10 contratos de préstamos externos por US$ 2,618.5 millones para seguridad vial, movilidad, agua potable, saneamiento y gestión de recursos hídricos. Pero el propio balance sobre esos fondos coloca el foco no solo en el monto contratado, sino en una brecha de gestión: mientras algunas obras muestran avances, parte de los recursos permanece atada a procesos de contratación, diseño o desembolsos pendientes.
El mayor peso del financiamiento se concentró en seguridad vial y movilidad, con US$ 1,660 millones distribuidos en seis contratos. Solo para la implementación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Estado tomó US$ 500 millones entre un préstamo del BID firmado en diciembre de 2019 y otro de la Agencia Francesa de Desarrollo aprobado en octubre de 2020. A eso se sumaron nuevas operaciones del BID por US$ 200 millones en 2022 y otros US$ 200 millones autorizados en julio de 2026 para continuar el Programa de Seguridad Vial ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas.
El cuadro que deja el análisis es el de una cartera millonaria que todavía exige vigilancia sobre ejecución y resultados concretos para la población. La magnitud del endeudamiento y la persistencia de proyectos en fases preliminares alimentan el contraste entre el discurso de prioridad en infraestructura y la realidad de obras que aún no terminan de traducirse en soluciones completas, en un terreno donde el costo social de los retrasos recae sobre movilidad, agua y saneamiento.