La salud mental se ha convertido en una prueba de gestión para el gobierno dominicano. El texto advierte que al menos una cuarta parte de la población vive entre malestar y preocupación, mientras los servicios públicos siguen luciendo insuficientes y desarticulados. En ese contexto, la depresión afecta a cerca del 4.7 % de la población dominicana, unas 500 mil personas, y la ansiedad alcanza el 5.7 %, por encima del promedio mundial del 4.4 %, con mayor impacto entre jóvenes de 18 a 29 años.
Ese panorama se agrava con una prevalencia estimada superior al 2 % en el espectro bipolar y cercana al 1 % en los trastornos del espectro de las esquizofrenias, además de otras condiciones que amplían la demanda de atención. Según la comunidad médica citada, el subregistro sería colosal y alrededor del 30 % de la población arrastraría silenciosamente algún desorden mental, una carga que coloca a la República Dominicana entre los diez países de la Región de las Américas con mayor peso de trastornos mentales en Centroamérica y el Caribe.
Frente a esa realidad, la Presidencia presentó en febrero el Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030. El contenido es descrito como acertado en su enfoque comunitario, pero el contraste entre diseño y capacidad real de respuesta abre una alerta institucional: crear camas y Unidades de Intervención en Crisis es necesario, aunque insuficiente si no se estructuran al mismo tiempo los demás dispositivos comunitarios. Sin una red integral de acompañamiento, los pacientes dados de alta recaerán en poco tiempo, lo que refuerza la exigencia de vigilancia, rendición de cuentas y seguimiento desde la sociedad civil sobre los resultados concretos de la política pública.