Daniel Ortega aseguró que su gobierno no permitirá procesos electorales que puedan llevar a la oposición al poder, una afirmación que vuelve a poner bajo la lupa el estado de la democracia en Nicaragua. En un acto oficial por el aniversario de la Revolución Sandinista, dijo que en el país “no volverán a haber elecciones” para que sectores opositores intenten asumir el control del Estado, un mensaje que opositores y organismos internacionales leyeron como otra señal de cierre político.
La declaración llega tras años de denuncias sobre trabas a la participación política, ausencia de condiciones electorales equitativas y cambios en el sistema institucional desde el retorno de Ortega a la Presidencia en 2007. Desde 2017 gobierna junto a Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y después como copresidenta, tras la reforma constitucional aprobada en 2025, un rediseño que alteró la estructura del poder y aumentó la influencia del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.
Esa reforma de 2025 creó la figura de copresidencia, amplió el periodo presidencial y otorgó nuevas atribuciones al Ejecutivo en la coordinación de los órganos estatales. El gobierno sostiene que esos ajustes buscan fortalecer la organización del Estado y garantizar la soberanía nacional, pero sus críticos advierten que el efecto visible es una menor cantidad de controles institucionales y una concentración mayor del poder en la Presidencia, en un escenario que agudiza la alerta sobre el futuro de la competencia política y la rendición de cuentas.