La detención del inspector de control migratorio Carlos Javier Sánchez, señalado por pedir RD$100 mil a una mujer para facilitarle la salida hacia España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, vuelve a poner sobre la mesa las dudas acerca de la vigilancia en un punto sensible del sistema migratorio. Fue arrestado justo cuando, según la acusación, iba a recibir el dinero en una entrega controlada autorizada por una jueza.
La pesquisa la encabezan la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con respaldo de equipos operativos de la Dirección General de Migración. La diligencia se llevó a cabo mediante un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la conducción del Ministerio Público y con participación del fiscal Miguel Crucey, a partir del Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Pese al arresto, el expediente coloca en primer plano un problema institucional: la supuesta exigencia de dinero para hacer posible una salida internacional desde una terminal estratégica del país. El Ministerio Público informó que someterá al imputado en las próximas horas para conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.