El aumento de los ciberataques en República Dominicana está dejando en evidencia una vulnerabilidad que ya no puede tratarse solo como un problema técnico, sino también institucional. En un entorno con 8,947,594 usuarios de internet, la expansión de la ciberdelincuencia aumenta la exposición de ciudadanos y empresas, y obliga a reforzar la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta del Estado.
La discusión no se limita a advertir sobre nuevos riesgos digitales. También pone sobre la mesa la necesidad de que las reglas de protección, control y acceso a la seguridad sean iguales para todos, sin privilegios ni vacíos que amplíen la desconfianza pública. Cuando el fenómeno crece y la respuesta institucional no se ve clara, el costo recae en los usuarios, las empresas y el propio clima de confianza en el sistema.
La referencia a la magnitud del uso de internet en el país ayuda a dimensionar el problema: a más conectividad, mayor superficie de exposición. Por eso, la prevención no puede quedarse en llamados generales. Hace falta vigilancia sostenida, mecanismos verificables y resultados concretos que permitan medir si las autoridades están respondiendo al ritmo que exige el aumento de los ataques.
El desafío también es de rendición de cuentas. Ante una amenaza que ya golpea a distintos sectores, cualquier anuncio sobre ciberseguridad debe traducirse en controles efectivos, transparencia y protección real para la población. Sin eso, el avance de la ciberdelincuencia seguirá mostrando una brecha entre el riesgo creciente y la respuesta institucional.