La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró que el aumento del impuesto a las transferencias contenido en la Ley 30-26 podría limitar el proceso de bancarización y encarecer las operaciones cotidianas de personas y empresas.
La entidad bancaria sostuvo que pasar la tasa de 0.15% a 0.20% tendría un efecto directo sobre el uso de canales formales de pago, en momentos en que el sistema financiero impulsa la digitalización y la inclusión financiera como vías para ampliar el acceso a servicios bancarios.
El planteamiento coloca en el centro el costo ciudadano de la medida: cada ajuste impositivo sobre transferencias impacta no solo a las entidades, sino también a usuarios que realizan pagos, envíos y operaciones recurrentes a través del sistema bancario.
Aunque la ABA no rechaza la necesidad de discutir la sostenibilidad de los ingresos públicos, su observación apunta a que cualquier modificación tributaria debería evaluarse también por su impacto sobre la actividad económica, la formalización y el uso de instrumentos financieros digitales.
En ese contexto, el aumento del impuesto abre una tensión entre la recaudación y la meta de ampliar la bancarización, una de las rutas que el propio sistema financiero presenta como clave para modernizar transacciones y reducir el uso del efectivo.