El respaldo de Julio César Castaños Guzmán al nuevo Código Penal no ha logrado cerrar la controversia en torno a una de las reformas legales más sensibles del país, a pocas semanas de su entrada en vigor.
Castaños Guzmán afirmó que la pieza es “mejor que el que había” y defendió el alcance del nuevo marco penal. Sin embargo, el debate sigue abierto fuera de esa valoración, porque varios sectores recurrieron artículos de la normativa ante el Tribunal Constitucional.
Ese escenario deja planteadas interrogantes sobre la aplicación práctica de la ley, su interpretación y la solidez de sus disposiciones frente a los cuestionamientos ya presentados. Más allá del respaldo político o jurídico que reciba, la entrada en vigor del Código Penal estará marcada por el seguimiento a las impugnaciones y por la capacidad institucional para responder a las observaciones acumuladas.
Por ahora, la discusión no gira solo en torno a si la reforma es “mejor” que la anterior, sino a cómo se resolverán las objeciones depositadas y qué efectos tendrán en la implementación de una norma que impactará el sistema de justicia y a los ciudadanos.