La Corte confirmó la prisión preventiva dictada contra uno de los imputados por el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, mientras continúa prófugo el presunto autor material del hecho.
El caso volvió a colocar en primer plano las debilidades de seguridad dentro de una sede judicial que, en teoría, debía ofrecer resguardo a quien acudiera a sus instalaciones. La víctima fue ultimada en un espacio donde había buscado protección, un dato que agrava la discusión pública sobre el control de acceso, la prevención y la capacidad de respuesta de las autoridades responsables del recinto.
La decisión de mantener la medida de coerción para uno de los encartados sostiene por ahora la línea judicial del expediente, pero no resuelve las interrogantes sobre el alcance de la investigación ni sobre la localización del presunto autor material, que sigue sin ser capturado.
El hecho, además, obliga a revisar si existieron fallas operativas en la vigilancia del Palacio de Justicia y qué acciones concretas se han adoptado para evitar que un episodio similar se repita. En un caso de esta naturaleza, la atención no se limita a la medida de coerción: también pasa por la transparencia del proceso, la rendición de cuentas y la seguridad ciudadana en un espacio estatal.