En las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional persiste un manejo desigual de los procesos penales, con efectos institucionales y presupuestarios que otra vez colocan bajo escrutinio la administración del régimen disciplinario. En el llamado “Caso Coral”, los oficiales encabezados por el exjefe del CUSEP, mayor general Adam Cáceres, han pasado por las distintas fases del sistema penal ordinario y, pese a una condena en primer grado emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continúan como oficiales activos suspendidos y reciben sus salarios base, bajo el criterio de que la separación definitiva exige una sentencia irrevocable.
La diferencia se hace evidente en expedientes que no reciben atención mediática. Allí, oficiales subalternos, superiores y alistados son cancelados o retirados de forma inmediata con la sola imposición de una medida de coerción ordinaria, como presentación periódica o garantía económica, o a partir de un informe de una comisión investigadora interna, sin esperar la apertura a juicio ni los recursos de apelación o casación.
Esa dualidad procedimental no solo abre un debate sobre debido proceso y presunción de inocencia, sino que también acarrea consecuencias legales para el Estado. De acuerdo con el texto, esta práctica lleva al Tribunal Superior Administrativo a fallar de manera constante a favor de los desvinculados por violación al debido proceso, en un escenario que refuerza las exigencias de fiscalización sobre decisiones administrativas que terminan afectando tanto la institucionalidad como el uso de recursos públicos.