Las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) han ido ocupando un lugar más visible dentro del esquema preventivo contra la corrupción administrativa en el Estado dominicano, en el marco de una estrategia oficial orientada a fortalecer la ética pública, la transparencia y el cumplimiento normativo. Sin embargo, el avance del modelo mantiene abierta la cuestión central: si estas instancias podrán convertirse en mecanismos efectivos de prevención y control interno, o si acabarán reducidas a estructuras administrativas con escaso peso en la cultura institucional.
La discusión toma mayor relevancia luego de que el presidente Luis Abinader sometiera al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG) como nuevo órgano rector en materia de transparencia, acceso a la información, prevención de la corrupción y ética gubernamental. No obstante, esa expansión institucional vuelve más apremiante la exigencia de resultados verificables y de rendición de cuentas sobre la efectividad real de los mecanismos que el Estado presenta como respuesta anticorrupción.
Las CIGCN, integradas por servidores públicos de distintos grupos ocupacionales, tienen entre sus funciones promover la ética, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos y aplicar políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, antisoborno, conflictos de intereses y acceso a la información pública. El modelo fue establecido mediante el Decreto 791-21, que otorgó alta prioridad nacional a su implementación en instituciones del Poder Ejecutivo, pero el desafío permanece: demostrar que el fortalecimiento formal del sistema no se quede en un diseño institucional sin impacto comprobable.