El Gobierno dominicano puso en marcha un paquete de medidas para hacer frente a la crisis internacional asociada al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán, sostener la estabilidad macroeconómica y mantener el crecimiento. Sin embargo, el propio diseño del plan deja expuestos los dilemas que ahora recaen sobre la población: inflación, una posible desaceleración económica y el riesgo de un mayor déficit fiscal.
Entre las acciones anunciadas está el congelamiento de los precios de los combustibles por un periodo determinado, siempre que el barril de petróleo WTI se mantenga entre US$90 y US$100. Al mismo tiempo, el documento plantea una compresión de gastos no esenciales con una reorientación estimada entre RD$30,000 y RD$40,000 millones, lo que pone bajo la lupa cuáles partidas serán realmente recortadas y de qué manera se protegerán las funciones críticas del Estado.
En el lado de los ingresos, el proyecto busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones mediante un esquema que, según se indica, procura preservar la equidad y la estructura productiva básica. Así, el plan abre un frente de vigilancia sobre la capacidad real del Gobierno para equilibrar sostenibilidad fiscal y sensibilidad social, sin que el costo de la crisis termine concentrándose en los ciudadanos.