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Exención al asfalto abre cuestionamientos sobre la neutralidad de las medidas del Gobierno en infraestructura

junio 16, 2026 · Redactor
Exención al asfalto abre cuestionamientos sobre la neutralidad de las medidas del Gobierno en infraestructura
Foto: elnuevodiario.com.do

Productores de cemento advierten que el incentivo fiscal al AC-30 puede distorsionar la competencia y alterar decisiones de inversión en obras públicas y privadas.

SANTO DOMINGO. La exoneración del ITBIS al asfalto AC-30, incluida por el Gobierno en su paquete de Medidas Pro Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional, ha encendido una alerta en el sector construcción por sus posibles efectos sobre la competencia en infraestructura. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem) advirtió que otorgar un beneficio fiscal exclusivo a un material, sin extender condiciones similares a alternativas como el cemento y el concreto, puede generar desequilibrios y condicionar la selección de insumos en proyectos públicos y privados.

Aunque la entidad reconoció los esfuerzos oficiales para dinamizar la economía y acelerar obras, sostuvo que un tratamiento fiscal diferenciado puede influir de manera artificial en el mercado. “El asfalto y el concreto compiten en diversos segmentos del mercado. Un tratamiento fiscal diferenciado puede influir artificialmente en la selección de materiales, favoreciendo una opción sobre otra y comprometiendo la neutralidad que deben preservar las políticas públicas”, afirmó Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem.

La organización insistió en que la elección de materiales para infraestructura vial debe responder a criterios técnicos y económicos sustentados en análisis de costo-beneficio durante todo el ciclo de vida de los proyectos, incluyendo durabilidad, mantenimiento, resiliencia y sostenibilidad. En ese marco, alertó que una política focalizada solo en el asfalto puede reducir la competitividad del concreto incluso en obras donde ese material ha mostrado ventajas operativas y económicas a largo plazo, abriendo un nuevo frente de fiscalización sobre el diseño y los efectos reales de las medidas oficiales.