El Gobierno propuso endurecer la supervisión de las leyes de incentivos fiscales para frenar abusos en la concesión de exenciones tributarias, tras admitir que los controles vigentes no han funcionado con la misma uniformidad. La propuesta, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, integra el paquete fiscal y se concentra en los recursos que el Estado deja de recibir por estos beneficios.
Díaz explicó que el proyecto no suprime los incentivos actuales, aunque sí pretende dar un papel más activo al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de las nuevas solicitudes. Indicó que ya existen disposiciones que facultan a esa cartera para emitir opiniones sobre los incentivos, pero reconoció que esas atribuciones no siempre se han aplicado de manera consistente.
La iniciativa además dispone que cualquier objeción de Hacienda y Economía tendrá que ser validada por el presidente de la República, de modo que la revisión de exenciones queda sujeta a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que busca asegurar que los incentivos se concedan conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y mejoren la eficiencia del sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a colocar bajo escrutinio el costo de las exenciones para el Estado.