La discusión sobre una reforma de justicia fiscal vuelve a colocar bajo escrutinio la distancia entre el discurso oficial y los cambios concretos. El texto plantea que una reforma de este tipo no puede limitarse a las rentas visibles dentro del país y recuerda que filtraciones internacionales como Panama Papers y Pandora Papers expusieron vínculos de grandes patrimonios y grupos económicos dominicanos con estructuras offshore, un escenario que, aunque no implica necesariamente ilegalidad, sí exige más transparencia, intercambio de información y control sobre la elusión, la planificación fiscal agresiva y la fuga de capitales.
Aunque se valora que el Gobierno haya asumido la presidencia de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, la principal alerta sigue estando en lo que no se aborda de forma sustantiva. El texto señala que el gasto tributario equivale a 4.5% del PIB, unos RD$393,000 millones, y que su componente empresarial representa alrededor del 55% del total, mientras los incentivos fiscales empresariales continúan sin una revisión de fondo. La advertencia es clara: si se pide más esfuerzo a los contribuyentes, debe transparentarse qué privilegios fiscales se revisan y cuáles se mantienen por producir beneficios sociales verificables.
También persisten vacíos en el lado del gasto y la amnistía. Según el texto, el Gobierno plantea ajustes y racionalización del gasto público, pero sin metas suficientemente cuantificadas ni mecanismos claros de seguimiento, pese a que la promesa de austeridad y eficiencia se ha repetido muchas veces sin cambios sostenidos. En ese contexto, la reforma queda expuesta a cuestionamientos sobre su alcance real y refuerza la necesidad de vigilancia institucional sobre quiénes cargan con el esfuerzo fiscal y quiénes siguen protegidos por un esquema de excepciones poco transparente.