La desaparición de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino del sur de Bogotá, terminó convertida en un crimen que ha generado indignación en Colombia y puso otra vez bajo la lupa la capacidad de las autoridades para frenar operaciones ilegales de este tipo. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la mujer fue asesinada y descartó que se tratara únicamente de un caso de mala praxis médica. La Fiscalía informó que un cuerpo encontrado en una vía del municipio de Apulo, en Cundinamarca, presenta características que coinciden con las de la mujer de 52 años, desaparecida desde el 13 de mayo después de practicarse una lipólisis láser en Beauty Láser Medicina Estética, establecimiento señalado de operar sin permisos sanitarios ni habilitación legal.
La presión pública creció tras la difusión en redes sociales de videos en los que se veía a la víctima en aparente estado crítico después del procedimiento. Familiares denunciaron que presentaba dificultades para respirar y signos de desorientación, mientras testigos aseguraron haber visto a varios hombres sacarla inconsciente del local y subirla a un vehículo. El caso se agravó además por la información de que, desde la noche de la desaparición, las autoridades ya manejaban datos que apuntaban a que había sido trasladada fuera de Bogotá.
La investigación avanzó cuando el automóvil en el que habría sido transportada fue localizado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Allí fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos señalados de ocultar pruebas, pero ambos recobraron la libertad por fallas en el procedimiento judicial, aunque siguen vinculados al caso. Mientras continúan las búsquedas de otros presuntos responsables del centro estético ilegal, el expediente deja abiertas preguntas sobre los controles previos, la respuesta institucional y los errores que terminaron debilitando una fase clave del proceso.